08 noviembre 2009

LUCES Y SOMBRAS EN UNA MARCHA FÚNEBRE


El pasado 5 de noviembre el comité de conciliación del Parlamento Europeo emitió su dictamen sobre el Telecom Package. Tras más de dos años de debate en las distintas instituciones europeas parece que el marco regulatorio para las telecomunicaciones cuenta ya con una estructura definitiva, a falta de un par de trámites en los que no se esperan cambios. La entrada en vigor de esta normativa se prevé para comienzos de 2010.


La atención se ha centrado fundamentalmente en la enmienda 138, de la que ya he hecho mención anteriormente en otras entradas. El análisis sobre la decisión adoptada por el comité sin embargo varía mucho según a dónde se mire. Si bien la sensación parece ser de optimismo, el texto ha sufrido modificaciones negativas en lo relativo a la defensa de la neutralidad de la red debido a la ambigüedad del texto final. El optimismo se debe fundamentalmente a que a priori se esperaba una reacción más draconiana de parte de las instituciones europeas a este respecto. Personalmente lo considero una victoria pírrica a la vista de más datos que iré desgranando más adelante.


La famosa enmienda 138 ha sufrido constantes cambios. No en vano lidia con un tema tan delicado como la restricción del acceso a internet. Hemos de suponer que entre los actores de este asunto se encuentran los distintos grupos políticos de la eurocámara, con sus estructuras partidarias detrás y con la idiosincrasia propia de cada país a su vez; los distintos lobbies afectados por este asunto, con las ISP (Internet Service Providers: Proveedores de Servicios de Internet) de un lado y las entidades de gestión del copyright (SGAE, Promusicae y sus distintos equivalentes en el resto de países); y los mismos usuarios y consumidores que parece que de nuevo se han quedado sin una voz propia en el proceso. El resultado ha sido algo así como si la Unión se la hubiese cogido con papel de fumar: pone freno a aberraciones del tipo HADOPI francés, pero al mismo tiempo da pasos atrás cayendo en una farragosidad de tinte jurídico digna de un record Guinness: para que te corten internet tendrá que haber un dictamen jurídico de algún tipo. El comité de conciliación decidió ignorar la propuesta enviada desde La Quadrature du Net a la hora de reescribir el texto para su versión final. Si bien es cierto que potencialmente el texto de ser aprobado en su versión original podría haber sido tumbado por el tribunal de Estrasburgo por extralimitar los poderes propios del Parlamento, la versión final no es satisfactoria desde el punto de vista de tener todas las garantías legales ante un posible conflicto. La ambigüedad ha sido el gran pecado de los legisladores en esta ocasión.


Dejando de lado la enmienda 138, ha habido otro asunto que causa una preocupación similar a la de la conexión, y es el posible filtrado del tráfico de la red. En este asunto he de decir que Europa ha fallado a los ciudadanos de forma clamorosa y vergonzosa al plegarse a las demandas de AT&T. La misma neutralidad de la red se encuentra en entredicho. Dentro del texto del Telecom Package se pueden encontrar 3 artículos referidos directamente a esta materia y que han sido aprobados sin recibir ni atención mediática ni modificaciones de calado. Se trata de fragmentos de los artículos 20, 21 y 26. En el texto aprobado se abre la puerta al filtrado del tráfico de internet. Esto supone acabar con la neutralidad de la red, permitiendo modificaciones que beneficien a los intereses de la empresa proveedora del servicio por encima del derecho del usuario a conseguir una información determinada. Es decir, con un aviso previo, tu operadora puede decidir eliminar o modificar los contenidos o servicios que considere oportunos y jugar con el tráfico a su antojo. De nuevo vemos una capitulación ante los intereses económicos de las grandes empresas en detrimento del derecho de las personas a informarse como ellos consideren oportuno. Europa ha decido impulsar una ley de mínimos en lugar de blindar unos derechos y unos servicios que ya estaban ahí a disposición de todos.


Pese a todo lo expuesto con anterioridad, el verdadero quid de la cuestión se está debatiendo a puerta cerrada. Esta semana se ha llevado a cabo una nueva ronda de negociaciones del llamado ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement: Acuerdo de Comercio contra Falsificaciones) en Seúl. Por lo que se ve, se trata de una iniciativa global impulsada desde Estados Unidos, centrada en los derechos de autor. Una especie de Telecom Package Mundial pero referido a la propiedad intelectual fundamentalmente. En dichas negociaciones están participando representantes de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países (y el número parece aumentar con cada ronda de negociaciones). Lo más gracioso del asunto es que supuestamente se trata de negociaciones que de algún modo se consideran secretas. Con todo, algo de información se viene filtrando regularmente. ACTA supone una propuesta al estilo solución final puesta en marcha por los lobbies del copyright estadounidense. Como era de esperarse se centra en internet: refuerzo de los derechos de propiedad intelectual, filtrado de red, establecimiento de medidas penales, responsabilidad de terceros, y todo ello a nivel global. En resumen: ACTA está sentando las bases para un internet en manos de intereses únicamente económicos, pretende criminalizar al usuario, modelar internet en función de esos intereses y uniformar legalmente a todos los países para que el protocolo no tenga cabos sueltos. Transformar internet de un modelo “autopista de la información” (donde el tráfico es libre, el acceso a los contenidos es transversal y el flujo informativo es omnidireccional) al de la televisión (donde el tráfico está regulado y filtrado, hay una jerarquía en la comunicación y el flujo es vertical).Y todo de espaldas al público.


Es por todo esto por lo que se me antoja que toda esta atención mediática sobre la enmienda 138 y la falta de atención a los 20, 21 y 26 sea una pérdida de tiempo o simple papel mojado en una larga marcha fúnebre donde una vez más se tocará al son del dólar y no del de las personas.