Esta semana ha estado muy movida. Nos desayunábamos el lunes con el anuncio por parte del gobierno de los primeros pasos de la Ley de Economía Sostenible. Tanto el gobierno como el PSOE habían usado esta ley como piedra de toque en su ofensiva mediática como el mecanismo principal para combatir los efectos perniciosos de la crisis además de como cimiento para el cambio de modelo productivo para España.
Desde la aprobación en 1998 de la Ley del Suelo promulgada por el primer gobierno Aznar, y acompañado del adecuado marco económico a nivel global, la economía española había vuelto a derivar hacia un modelo insostenible, basado en el monocultivo inmobiliario, el beneficio rápido, la especulación y, por consiguiente, la ausencia de solidez suficiente para convertirse en el sostén a largo plazo para la economía de cualquier pais.
Con el cambio de gobierno, el PSOE tomó una serie de medidas acertadas y valientes con el fin de subsanar esa situación pero que, de todos modos, fueron insuficientes. En un paìs tan descentralizado como España hay ocasiones en que por mucho que se actúe desde el nivel más alto de la administración es complicado que esos impulsos lleguen al resto de estratos de la administración o del tejido empresarial. De este modo, el resto de la legislatura transcurrió con una aparente e incómoda placidez asentada en los resultados económicos del ciclo previo, con muchos gobiernos autonómicos y la inmensa mayoría de ayuntamientos mirando a otro lado pese a los primeros indicios de agotamiento del ladrillo.
Llegamos a la segunda legislatura de poder socialista y esos indicios se convierten en sirenas de alarma. La crisis financiera global pronto se convierte en crisis a todos los niveles. La burbuja inmobiliaria española por fin termina por explotar arrastrando con ella a todo el pais. Desde el gobierno se ponen en marcha diversas iniciativas de alivio, con el fin de dar algo de oxígeno al sector de la construcción, mientras se intenta dar con una solución de mayor calado que permita sentar las bases para la transformación del modelo productivo en España.
Esa solución de mayor calado es la Ley de Economía Sostenible. Un texto extremadamente ambicioso condicionado por la urgencia de la situación. Una ley que a priori estaba llamada a convertirse en un hito histórico de llegar a buen puerto, cambiando la realidad española del pelotazo de cemento al de la innovación y la excelencia tecnológica. Sin haber leído el texto en su totalidad, se me antoja que bebe bastante del modelo finlandés de principios de los años '90 que permitió dar el salto al país escandinavo de ser una de las economías más deprimidas de Europa a principios de la década a convertirse precisamente en un referente tecnológico para el resto del continente.
Todo esto se encuentra ahora en peligro de desaparición. Al texto del anteproyecto de ley se le añaden una serie de puntos desde el Ministerio de Cultura. Algunos dicen incluso que sin que dicho texto hubiera sido revisado a conciencia en la sede socialista de Ferraz. Esa sección de la ley hace referencia a los derechos de autor y a la propiedad intelectual en internet.
Desconozco las motivaciones que puede haber detrás de la inclusión del texto de Cultura. Sólo cabe elucubrar entre varias hipótesis: claudicación frente a las presiones de los lobbies nacionales de derechos de autor (léase SGAE y Promusicae), cesión también frente a las presiones de otros gobiernos (no olvidemos que nos encontramos inmersos en medio des negociaciones globales de los acuerdos ACTA, también relativos a la propiedad intelectual en la red, entre otros asuntos), o emisión de un globo-sonda en un ejercicio de equilibrismo a los que tanto se han aficionado en Moncloa en esta segunda legislatura. En un vano intento de contentar a cualquier parte interesada en el asunto que sea, el gobierno socialista se ha especializado de un tiempo a esta parte en tomar medidas de medias tintas, frecuentemente precedidas de anuncios que han incendiado en mayor o menor medida la opinión pública.
Desde Moncloa y Ferraz deberían darse cuenta de que estas tácticas de globo-sonda no son efectivas ni eficaces si se convierten en la pauta y no en la excepción. Con más inri si continuamente el resultado de los anuncios nunca se traduce en una decisión firme en un sentido u otro, sino en un permanente (y fracasado) esfuerzo por nadar y guardar la ropa al mismo tiempo. Memoria histórica, estatutos autonómicos, Garoña, Educación para la Ciudadanía, interrupción del embarazo, canon digital, presupuestos de I+D... La lista es extensa y no viene más que a demostrar que la valentía parece haberse esfumado de entre las filas socialistas.
En el caso de Ley de Economía Sostenible el asunto es incluso más grave ya que la comunidad mal llamada internauta (entiendo que por encima de cualquier otra consideración somos ciudadanos) se encontraba ya soliviantada por episodios previos de atropello de las libertades individuales. El caso más grave y aberrante es el del canon digital, donde se suprime directamente uno de los principios democráticos básicos: la presunción de inocencia. Aunque ya hay alguna sentencia judicial en la que desautoriza la aplicación de este canon (el caso del abogado sevillano que consiguió que le devolvieran el importe del canon de sus DVD's) esta ley se mantiene en vigor. Ahora, casi de tapadillo, se pretende aplicar una nueva vuelta de tuerca a los derechos fundamentales: anular la separación de poderes y la libertad de expresión. Llevados a su último término, algunos de los puntos propuestos en el anteproyecto conllevaban la anulación de esos dos principios democráticos fundamentales. Algo extremadamente grave a mi entender.
El asunto le ha explotado en las manos al gobierno, con una movilización sin precedentes en contra de la ley. Intentado poner todo en perspectiva no puedo sino concluir que en el gobierno padecen una tremenda miopía virtual. Cualesquiera que sean las motivaciones que hayan llevado al gobierno a incluir esos párrafos en el texto, no son justificables desde un punto de vista democrático. Cualesquiera que haya sido la pretensión del texto tampoco es justificable desde un punto de vista de estrategia de partido o de comunicación. Cualesquiera que sean las intenciones de ahora en adelante con respecto al texto no es ya justificable, ya que el daño ya está hecho, con internautas en pie de guerra de un lado, los lobbies del copyright de otro, la embajada yanqui desde su propia poltrona y una opinión pública cada día más desencantada con un gobierno que aparenta estar permanentemente dando pasos en falso.
Y lo peor de todo es que es una auténtica lástima. Creía en el cuerpo básico y la filosofía de esa ley. Ahora veo que la ley aún no ha nacido y ya está herida de muerte por la ineptitud de unos, la avaricia de otros, la falta de valentía de aquéllos, y la miopía de los de más allá. Mientras tanto en Génova han sacado a los buitres de las jaulas para intentar darse otro festín carroñero.
Desde la aprobación en 1998 de la Ley del Suelo promulgada por el primer gobierno Aznar, y acompañado del adecuado marco económico a nivel global, la economía española había vuelto a derivar hacia un modelo insostenible, basado en el monocultivo inmobiliario, el beneficio rápido, la especulación y, por consiguiente, la ausencia de solidez suficiente para convertirse en el sostén a largo plazo para la economía de cualquier pais.
Con el cambio de gobierno, el PSOE tomó una serie de medidas acertadas y valientes con el fin de subsanar esa situación pero que, de todos modos, fueron insuficientes. En un paìs tan descentralizado como España hay ocasiones en que por mucho que se actúe desde el nivel más alto de la administración es complicado que esos impulsos lleguen al resto de estratos de la administración o del tejido empresarial. De este modo, el resto de la legislatura transcurrió con una aparente e incómoda placidez asentada en los resultados económicos del ciclo previo, con muchos gobiernos autonómicos y la inmensa mayoría de ayuntamientos mirando a otro lado pese a los primeros indicios de agotamiento del ladrillo.
Llegamos a la segunda legislatura de poder socialista y esos indicios se convierten en sirenas de alarma. La crisis financiera global pronto se convierte en crisis a todos los niveles. La burbuja inmobiliaria española por fin termina por explotar arrastrando con ella a todo el pais. Desde el gobierno se ponen en marcha diversas iniciativas de alivio, con el fin de dar algo de oxígeno al sector de la construcción, mientras se intenta dar con una solución de mayor calado que permita sentar las bases para la transformación del modelo productivo en España.
Esa solución de mayor calado es la Ley de Economía Sostenible. Un texto extremadamente ambicioso condicionado por la urgencia de la situación. Una ley que a priori estaba llamada a convertirse en un hito histórico de llegar a buen puerto, cambiando la realidad española del pelotazo de cemento al de la innovación y la excelencia tecnológica. Sin haber leído el texto en su totalidad, se me antoja que bebe bastante del modelo finlandés de principios de los años '90 que permitió dar el salto al país escandinavo de ser una de las economías más deprimidas de Europa a principios de la década a convertirse precisamente en un referente tecnológico para el resto del continente.
Todo esto se encuentra ahora en peligro de desaparición. Al texto del anteproyecto de ley se le añaden una serie de puntos desde el Ministerio de Cultura. Algunos dicen incluso que sin que dicho texto hubiera sido revisado a conciencia en la sede socialista de Ferraz. Esa sección de la ley hace referencia a los derechos de autor y a la propiedad intelectual en internet.
Desconozco las motivaciones que puede haber detrás de la inclusión del texto de Cultura. Sólo cabe elucubrar entre varias hipótesis: claudicación frente a las presiones de los lobbies nacionales de derechos de autor (léase SGAE y Promusicae), cesión también frente a las presiones de otros gobiernos (no olvidemos que nos encontramos inmersos en medio des negociaciones globales de los acuerdos ACTA, también relativos a la propiedad intelectual en la red, entre otros asuntos), o emisión de un globo-sonda en un ejercicio de equilibrismo a los que tanto se han aficionado en Moncloa en esta segunda legislatura. En un vano intento de contentar a cualquier parte interesada en el asunto que sea, el gobierno socialista se ha especializado de un tiempo a esta parte en tomar medidas de medias tintas, frecuentemente precedidas de anuncios que han incendiado en mayor o menor medida la opinión pública.
Desde Moncloa y Ferraz deberían darse cuenta de que estas tácticas de globo-sonda no son efectivas ni eficaces si se convierten en la pauta y no en la excepción. Con más inri si continuamente el resultado de los anuncios nunca se traduce en una decisión firme en un sentido u otro, sino en un permanente (y fracasado) esfuerzo por nadar y guardar la ropa al mismo tiempo. Memoria histórica, estatutos autonómicos, Garoña, Educación para la Ciudadanía, interrupción del embarazo, canon digital, presupuestos de I+D... La lista es extensa y no viene más que a demostrar que la valentía parece haberse esfumado de entre las filas socialistas.
En el caso de Ley de Economía Sostenible el asunto es incluso más grave ya que la comunidad mal llamada internauta (entiendo que por encima de cualquier otra consideración somos ciudadanos) se encontraba ya soliviantada por episodios previos de atropello de las libertades individuales. El caso más grave y aberrante es el del canon digital, donde se suprime directamente uno de los principios democráticos básicos: la presunción de inocencia. Aunque ya hay alguna sentencia judicial en la que desautoriza la aplicación de este canon (el caso del abogado sevillano que consiguió que le devolvieran el importe del canon de sus DVD's) esta ley se mantiene en vigor. Ahora, casi de tapadillo, se pretende aplicar una nueva vuelta de tuerca a los derechos fundamentales: anular la separación de poderes y la libertad de expresión. Llevados a su último término, algunos de los puntos propuestos en el anteproyecto conllevaban la anulación de esos dos principios democráticos fundamentales. Algo extremadamente grave a mi entender.
El asunto le ha explotado en las manos al gobierno, con una movilización sin precedentes en contra de la ley. Intentado poner todo en perspectiva no puedo sino concluir que en el gobierno padecen una tremenda miopía virtual. Cualesquiera que sean las motivaciones que hayan llevado al gobierno a incluir esos párrafos en el texto, no son justificables desde un punto de vista democrático. Cualesquiera que haya sido la pretensión del texto tampoco es justificable desde un punto de vista de estrategia de partido o de comunicación. Cualesquiera que sean las intenciones de ahora en adelante con respecto al texto no es ya justificable, ya que el daño ya está hecho, con internautas en pie de guerra de un lado, los lobbies del copyright de otro, la embajada yanqui desde su propia poltrona y una opinión pública cada día más desencantada con un gobierno que aparenta estar permanentemente dando pasos en falso.
Y lo peor de todo es que es una auténtica lástima. Creía en el cuerpo básico y la filosofía de esa ley. Ahora veo que la ley aún no ha nacido y ya está herida de muerte por la ineptitud de unos, la avaricia de otros, la falta de valentía de aquéllos, y la miopía de los de más allá. Mientras tanto en Génova han sacado a los buitres de las jaulas para intentar darse otro festín carroñero.
