Apología de una red libre de un sociata escarmentado

Desde hace bastante tiempo vengo escribiendo sobre mis desencuentros, cabreos, frustraciones y demás sinsabores que vengo experimentando sobre las posiciones que defiende el PSOE en lo relativo a internet. Uno de esos últimos episodios los publiqué a raíz de la publicación del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, donde se recoge la Disposición Final Primera, ya celebérrimamente conocida como Ley Sinde. Dentro de este frente publiqué mi insatisfacción por el intercambio mediante chat con la Secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del PSOE, ya que consideré que la respuesta recibida mediante el chat me pareció del todo insuficiente. He de dar algo de crédito a María González ya que ha intentando enmendar el asunto y me envió un email donde se ampliaba dicha contestación. No voy a publicar el contenido de dicho email ya que no he solicitado permiso para ello.

Lo que sí que voy a publicar es parte de mi respuesta posterior a dicho email. Ayer se aprobó en consejo de ministros dicha ley sin que se hayan introducido cambios de ningún tipo en el texto de la Disposición Final Primera. Si bien he recibido algo de escucha activa desde el PSOE, los hechos siguen apuntando a que siguen alineados con la cruzada obsoleta abanderada por las sociedades de gestión de derechos de autor, y no con los ciudadanos. Me da igual que se me tilde ingenuo, utópico o necio. Esta es mi pequeña apología de una red libre. La de un sociata escarmentado y harto de que se hagan oídos sordos con tantas cosas y tan importantes (y los ejemplos son legión últimamente: desde el conchaveo con el PP para evitar una reforma electoral que permitiera mayor pluralidad en las cortes, hasta el vergonzoso silencio con la impunidad de presuntos pedófilos en las redes sociales):

12 de Marzo de 2010

Antes de nada quizá debiera disculparme por el tono ácido que he adoptado de un tiempo a esta parte en los posts del blog. Con total honestidad se debe al inmenso "cabreo" que arrastro ya desde hace bastante tiempo con todo lo relativo a la evolución del marco normativo que rodea a internet. No pretendo polemizar en demasía ni faltar al respeto. Con todo, creo que va a ser difícil que lleguemos a una postura de acuerdo.

La propuesta de la Disposición Final Primera (DF1) comparada con esos tres países que mencionas es claramente más benigna con los usuarios, grosso modo. Eso no tiene por qué significar que una legislación más restrictiva hacia el usuario vaya a ser más efectiva en la defensa de los derechos de propiedad (intelectual). Recientemente leí la noticia de que en Francia la re-editada ley Hadopi ha tenido como consecuencia (según los titulares de la prensa) una subida del 3% de la "piratería" así como borrar de un plumazo nada menos que un 27% de posibles consumidores de "cultura" desde internet

. En el otro extremo de ese espectro normativo podemos mirar también a Islandia que también recientemente ha aprobado un paquete legal realmente progresista en lo relativo al acceso a la cultura a través de medios digitales y de libertades en las comunicaciones

.

Es más que probable que la intención a priori del gobierno no sea actuar ni contra usuarios, ni contra webs, ni contra el polémico p2p; no lo dudo de al menos una fracción del gobierno y del partido. Sin embargo, el problema radica en que el texto abre puertas a actuaciones en esa línea y creo que no necesito enfatizar en cuán importantes son los precedentes en el mundo jurídico. Esa posibilidad está habilitada por la redacción de la DF1 per se, tanto en algunos detalles concretos de la misma (v.g. al especificarse las respectivas misiones de las comisiones a crearse) como en las generalidades que aparecen en otros pasajes del texto (v.g. "lucro directo o indirecto"). El texto es peligroso en potencia y mucho, para el mantenimiento y la ampliación de las libertades en internet así como contra los derechos fundamentales de las personas. Honestamente, y hablo ahora como reciente ex-militante con muchos años atrás de haber estado dentro del partido (y de haberme pateado mucho Ferraz y San Vicente en mis tiempos de "preboste" de las JSA), me podía haber esperado un texto así del PP, pero jamás del PSOE. Choca frontalmente con los principios que se dice defender: no se puede pretender defender la ampliación de derechos (algo en lo que el gobierno ha sido realmente sobresaliente en la primera legislatura) aprobando un texto que no es para nada garantista primero de los derechos fundamentales (y enfatizo, el de propiedad intelectual no lo es) y segundo que restringe precisamente el progreso y el crecimiento de una fuente de conocimiento como es la red.

Estoy totalmente de acuerdo en que, si se considera una prioridad, se amplíe la protección del colectivo de creadores en contra de aquellos que logren un lucro económico ilícito. Sin discusión. La cuestión radica en que desde hace unos años precisamente son los creadores los que han incrementado sus beneficios (que me parece genial, se lo han ganado a pulso) mientras los intermediarios (las sociedades de gestión, discográficas, etc.) han visto sus propios beneficios decrecer. Y por mí que les zurzan: no han creado nada, ni aportan nada de forma directa, son el "middle man" de esta historia que hasta ahora tenía bien montado su cortijo, con la sartén por el mango, y con un volumen de beneficios muy importante y un poder asociado más que considerable. Ellos no son los que crean. Ellos son el equivalente del intermediario que hace que a un agricultor su siembra de tomates apenas le reporte beneficios mientras que a los que van al supermercado les salga por hasta un 300% más de lo que recibió quien en realidad se estaba deslomando en el campo. SGAE, Promusicae, Dama y similares son lo mismo. Y ahora están en pie de guerra en defensa de su caduca visión de la realidad reaccionando en contra de los cambios. No concibo a un gobierno de progreso alineado con esas posturas reacionarias. Es más, no se debe reducir o simplificar el debate a una visión consumista o economicista. Si bien ese elemento es muy importante (al menos para algunos) todo lo que rodea trasciende lo que simplemente puede verse como una oportunidad o un modelo de negocio: esto es una versión con esteroides de la imprenta en cuanto a lo que puede suponer culturalmente para el mundo y sería un error imperdonable limitar un marco de acción, el que sea, a lo que una industria en particular pueda incidir en el total. El debate "industrial" pasa por acabar con el modelo transversal, horizontal y libre que tiene ahora la red hacia otro más vertical donde el capital privado influyera en los contenidos y los accesos de la red, con un planteamiento únicamente económico detrás, viendo a los usuarios como consumidores en lugar de personas. Abundando en el símil de la imprenta y los tiempos renacentistas: no concibo a un partido ni a un gobierno progresista que se opusiera a la impresión de la biblia o a que esta fuera traducida del latín. Los nuevos modelos de negocio adelante. Pero jamás ante la renuncia o pasos atrás en algo tan grande y con tantas posibilidades para el conocimiento como es la red.

El ejemplo que pones de la digitalización de los registros civiles es un buen ejemplo de las posibilidades. Creo que se está trabajando también en una ley de acceso a la documentación pública y lo aplaudo con todas mis fuerzas. Y es precisamente que poniendo esa situación en perspectiva me parece aberrante todo lo que rodea la SD1. Sí, es cierto, se está trabajando en modernizar la adminisración de justicia (y aquí en Andalucía somos precisamente pioneros al haber sido de los primeros en tener un sistema informático que conecta todos los juzgados de forma telemática) pero queda muchísimo que hacer (y no voy a entrar a hacer valoraciones sobre ese sector cavernario de la judicatura que ahora anda desmelando intentando cargarse a un héroe como es Garzón) y esos esfuerzos debieran ir canalizados con una prioridades muy claras: primero a los que más pueden sufrir o más en peligro estén, allá donde los derechos fundamentales estén más amenzados. Y vuelvo a lo de antes: el derecho de propiedad intelectual no es un derecho fundamental según la Constitución. La dotación, mejora, ampliación de medios para los jueces debería estar por encima del resto de actuaciones del gobierno si no estuviéramos en una situación de crisis tan seria como en la que estamos. Ya que no hay tantos fondos vamos a centrarlos en lo realmente importante y no en la salvaguarda de un derecho no fundamental, con una incidencia irrisoria a nivel poblacional (creo que la fracción de "autores" en comparación con los 44 millones de españoles es ínfima y no están precisamente en riesgo de exclusión social). Hacen falta nuevas leyes, y nuevas iniciativas fiscales para salir de la crisis; entonces esforcémonos todos en esa línea y dejémonos de crear un juggernaut legal (y no he querido entrar a comentar el informe de la fiscalía sobre el texto de la DS1 pese a los numerosos tirones de orejas y llamadas de atención que recoge, conste) que no aporta ninguna mejora para la mayoría de la población.

No quiero extenderme mucho más (menudo ladrillo llevo ya escrito). Cierto es que estoy en total deacuerdo con la perspectiva que se plantea por todo lo que acabo de exponer y por más razones: no se debe mirar a esta ley como algo aislado. Es importante ser consciente del contexto en que nos movemos también a nivel internacional. La aprobación del Telecom Package por parte la UE supuso pasos atrás en la línea de la neutralidad de la red (y tenemos aún reciente los desmanes del presidente de Telefónica y las declaraciones del Ministro de Industria, hecho que ha motivado que la acción reivindiactiva "La lista de Sinde" haya sido entregada finalemente en el Ministerio de Industria y no en el de Cultura, acción en la que me he autoinculpado) así como las suecisvas rondas secretas de negociaciones del Anti Counterfeit Trade Agreement (ACTA), cuyo secretismo acaba de ser fuertemente condenado desde el europarlamento, iniciativas todas éstas enfocadas desde el punto exclusivamente monetario: internet sólo como negocio. Hay mucho más en juego y por ello, por el momento, mi primera propuesta sería que se retirara la DS1 de la LES, una ley maravillosa si se retirara esa diposición, una ley imprescindible para empezar a cambiar no sólo el modelo productivo de "pelotazo", "ladrillo" y "el que venga atrás que arree" que tiene nuestra decimonónica "casta" empresarial sino para cambiar la misma mentalidad del tejido productivo de este país que, aún a día de hoy, sigue teniendo más de pandereta que de microscopio o de aerogenerador (por mucho que me indigne y avergüence admitirlo).

Estaré encantado de poder debatir esto y lo que haga falta. Claramente los 140 caracteres son irrisorios cuando lo que se intenta transmitir o explicar tiene tanta complejidad como lo es este intercambio. Soy de los que ha abandonado el redil socialista fundamentalmente por el entramado legal que se viene cocinando en torno a la red, aunque mis puntos de crítica o de fricción pasan por muchos más asuntos. No me gustaría de verdad verme en 2012 terminando por votar al PSOE por evitar que la carcundia gobernara de nuevo en España o por primera vez en Andalucía, sino por convencimiento de que esas siglas defienden y están comprometidas por el progreso, la valentía y la libertad en todos los campos .

Soy persona. Soy humano. Soy ciudadano. Soy socialista. Y estoy huérfano de referentes válidos. No quiero que se me contabilice como consumidor, voto, usuario o internauta. A día de hoy, 20 de Marzo de 2010, puedo decir que no volveré a votar al PSOE.

La fiscalía le zurra a la Ley Sinde

Primer tropezón legal de envergadura para la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible. El pasado viernes 12 de Febrero el Consejo Fiscal del Tribunal Supremo publicó un informe en el que se expresaban sus objeciones al texto del anteproyecto de ley. El texto completo del informe está disponible aquí.

Como se preveía, la ley Sinde (como es conocida esta Disposición Final Primera de la LES) constituía un tremendo embrollo legal debido a la modificación de otras 4 leyes anteriores de forma que éstas quedaran sujetas a las intenciones recogidas en la ley Sinde. El informe de la fiscalía pone de manifiesto las muchas imprecisiones del texto actual al chocar su enunciado con lo dipuesto por estas leyes. Es más, la fiscalía incluso llega a criticar que a través de la ley Sinde se pretenda equiparar la protección de la propiedad intelectual con el resto de derechos fundamentales, considerando dudosa esta provisión del texto impulsado desde el Ministerio de Cultura, considerando que debe seguir siendo tratada como un derecho de propiedad y no como un derecho fundamental.

Asimismo, resalta la contradicción entre los poderes con que se pretende investir a las dos secciones de la Comisión de Cultura contemplada en la ley en contra de principios recogidos en la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos). También en lo referido a la creación de la Comisión y sus dos Secciones llega a criticar el que no se especifique ni su composición ni su reglamento dentro del texto de la ley debido a los enormes poderes de invasión que se les otorgaría.

La noticia en varios medios:

Publico.es

Elpais.es

Elmundo.es

La cruzada obsoleta

Suma y sigue. Parece confirmarse, cada día un poco más, que nuestra clase política se ha embarcado en una cruzada en favor del copyright. La estrategia parece bien fundamentada, con actuaciones progresivas en distintos frentes, y con el fin último de acabar con la neutralidad de la red. Esto que digo, sé de sobra que no es nada nuevo, mucha gente antes que yo viene intentando explicarlo con mayor o menor éxito.

Quizás el mayor problema de la blogocosa y del mundillo internáutico (amén de una superpoblación de guruses cancamuseros de pacotilla) es que muy en el fondo es reaccionaria. Con esto no quiero decir que la mayor parte se alinee en principios morales del siglo XIX, sino que a la hora de mirar los desafíos y el camino que tiene por delante, se limita a reaccionar en contra de aquellos estímulos que pueden agredirla. No se aprecia una acción decidida por poner freno a esta interminable serie de pasos atrás en las libertades que estamos dando desde la implantación de la LPI. Por el contrario, cada vez que se publica, anuncia o aprueba algo se forma un run-run de calibre que normalmente termina en agua de borrajas mientras esas normativas lesivas para los principios de neutralidad de la red, presunción de inocencia y ampliación del acceso al conocimiento libre (entre otras muchas cosas) siguen siendo socavadas pasito a pasito.

¿Hasta dónde hemos retrocedido ya? Por lo que se refiere a normativa propia en España los mayores retrocesos han venido de parte de la LPI, la cual acoge en su seno el canon digital que directamente anula la presunción de inocencia al realizarse la compra de cualquier soporte para la grabación de datos, aplicándose una tasa recaudatoria que va a parar a las arcas de las entidades de gestión de derechos de autor, v.g., SGAE, Promusicae y demás miembros de la Coalición. A esto hemos de sumar el debate y aprobación del Telecom Package por parte de la Unión Europea que, por mucho que nos intenten vender lo contrario, nuestros legisladores en Estrasburgo dieron pasos atrás desde una redacción garantista a otra que contenía más ambigüedades en el texto (en especial en lo referido a la enmienda 138) y que dejó abierta la puerta al filtrado de red (el infame paquete AT&T) del cual apenas se habló y ni siquiera se modificó. Como decía, interesadamente la ofensiva mediática se centró en la enmienda 138 que pese a no retroceder todo lo que se preveía en un principio, sí que supuso un menoscabo en las garantías de los usuarios.

SOBRE LA ENMIENDA 138 (LA QUADRATURE DU NET):

However, the text only speaks of "a prior fair and impartial
procedure" instead of a prior ruling by the judicial authorities,
guaranteed by the original "amendment 138",
and contains loopholes and ambiguities. The invalidation of
freedom-killer measures such as "three strikes policies" will now depend
on interpretation by the European Court of Justice and national courts.
Moreover, the text only relates to measures taken by Member States and
thereby fails to bar telecom operators and entertainment industries from
knocking down the founding principle of Net neutrality.

SOBRE EL PAQUETE AT&T (LA QUADRATURE DU NET):
Such a scheme of "net discrimination" would allow operators to
prioritise or deprioritise, allow or forbid, access to content and
services, as well as usage of applications. On the pretext of addressing
network congestions and using the fear of a "collapse of the Internet"4,
and in the name of "diversifying their offerings"5
operators want to get the ability to filter their networks content and
usage in order to sell more services.

He de insistir: esta normativa, el Telecom Package, ya se ha aprobado y es la primera brecha abierta al modelo de red libre.

Pero continuemos, ya que no sólo desde Europa nos llueven perlas. Desde 2004, envuelto en velos de secreto más o menos firme, se viene debatiendo a nivel global el llamado ACTA, Anti Counterfeit Trade Agreement. Hasta la fecha se han celebrado 7 rondas de negociaciones, con una participación creciente de paises a medida que pasaba el tiempo, y siempre a puerta cerrada. Con todo se han ido filtrando algunos contenidos que no hacen sino disparar las alarmas sobre la libertad y neutralidad de la red, entre otros asuntos. ACTA es el pequeñín de varios lobbies norteamericanos, un grupo dispar que recoge desde gestores de contenidos audiovisuales hasta el todopoderoso grupo Pharma de la industria farmacéutica. Se me antoja como la "solución final" que proponen estas industrias para perpetuar sua ctual modelo de negocio, evitando cualquier tipo de cambio posible (o minimizándolo) y haciendo que la realidad termine por acoplarse a sus intereses en lugar de hacer a la inversaque sería lo más lógico. Pinta más como un dinosaurio legal empeñado en pisotear los avances que se consiguen con la tecnología con tal de proteger los intereses económicos de grupos muy determinados. Por poner dos escenarios muy plausibles: transforar el modelos horizontal y omnidireccional de internet (donde el usuario busca y decide dónde están los contenidos que le pueden interesar) en otro vertical y prácticamente unidireccional (donde el proveedor de servicio dicta buena parte del contenido que recibirá el usuario, al estilo de la televisión tradicional).

Y digo que "pinta" y "se me antoja" ya que pese llevar 6 años dándoles vueltas al tema, las conversaciones siguen teniendo carácter secreto. Ha sido gracias a la ingente labor realizada por Michael Geist, que buena parte de lo poco que se sabe sobre ACTA se va difudiendo.

El alcance y complejidad de este brontosaurio legal es ingente. De nuevo, me refiero a un magnífico compendio realizado por Michael Gesit, en cinco partes, al respecto:

1.- Guía ACTA, primera parte: las conversaciones hasta la fecha.
2.- Guía ACTA, segunda parte: los odcumentos (oficiales y filtrados).
3.- Guía ACTA, tercera parte: Transparencia y secretismo en ACTA.
4.- Guía ACTA, cuarta parte: ¿Qué supondrá ACTA para las leyes de mi país?
5.- Guía ACTA, quinta parte: Opinando.

Pese a la importancia de lo que nos jugamos todos con ACTA, en España apenas ha tenido ninguna relevancia, quizá por nuestro propio martirio de en forma de LES. Existe un grupo en Facebook (que a la fecha no ha llegado ni a los mil miembros) y una web al respecto aunque desde algunos grupos ya se viene denunciando las múltiples y negativas consecuencias de la adopción de ACTA.

Si todo esto no fuera suficiente hemos de añadir más iniciativas carpetobetónicas en la cruzada: la disposición final primera de la LEy de Economía Sostenible, sobre la que no voy a abundar aún más ya que he escrito con anterioridad sobre el tema y hay bastante material publicado a raíz del ruido mediático que se suscitó tras la publicación del texto.

El problema adicional viene cuando esta mañana me desayuno con otra perla de consagración de la obsolescencia. Gracias a Memori@ me llega el eco de lo publicado por David Hammerstein en lo que es el siguiente episodio de la ofensiva desde Moncloa, la Declaración de Granada:

La "solución española" ideada para una supuesta "economía europea competitiva y basada en el conocimiento" se basa en realidad en más represión, más miedo, y en unas draconianas medidas de persecución criminal para defender con uñas y dientes a unas empresas y modelos de negocio desfasados y sin viabilidad. Esta fundamentalista posición española rechaza la posibilidad de avanzar hacía un mayor acceso universal a la esfera pública y común de la información, y en realidad desprecia las innovadoras ventajas de unos marcos abiertos y flexibles de propiedad intelectual en el medio digital.

La actual Presidencia Española en la UE utiliza el miedo hacia la actual crisis económica para profundizar en una tendencia proteccionista que pretende construir un bunker fortificado alrededor de unos estrechos intereses particulares y empresas. ¡Qué oportunidad perdida!

Extracto de la "Declaración de Granada" 

que se aprobará el próximo 21 de abril en Granada

18. DESTACANDO que en el ámbito del derecho de autor y derechos conexos, la piratería de bienes culturales y creativos, dañando a la comercialización legal de los medios de comunicación, especialmente a través de Internet, que dificultan la llegada de los modelos de negocio competitivo de la oferta legal de contenidos culturales y creativas, poniendo en cuestión de la remuneración adecuada de los titulares de derechos y frena el dinamismo de la industria cultural europea que da acceso a la calidad jurídica, diversa y de gran oferta cultural;

20 bis. RECONOCE que el desarrollo de la oferta legal de contenidos culturales y creativos, mientras que al mismo tiempo, la prevención y la lucha contra la piratería, es necesario para el crecimiento económico, el empleo y la diversidad cultural;

28. OBSERVA la importancia de la conciencia pública en relación con el impacto de la falsificación y la piratería en la sociedad y la economía, en particular, el peligro potencial de falsificaciones y productos pirateados para la salud y seguridad, así como para la competitividad europea, la creación, innovación y empleo, y alienta a la Comisión, los Estados miembros y las partes interesadas, incluidos los consumidores, para analizar y aplicar campañas de sensibilización eficaces, incluyendo un Día Europeo contra la Falsificación y la Piratería, el 11 de junio. Las consecuencias financieras serán evaluadas por el Observatorio en colaboración con la Comisión para definir los recursos de financiación adecuada. Las campañas se centrarán en los objetivos públicos específicos, como los consumidores y los jóvenes;

30 ter. INVITA a la Comisión que analice la posibilidad de presentar una propuesta modificada de Directiva relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, a fin de completar el marco legislativo de la UE en el ámbito de aplicación de los DPI.

39 bis. INVITA a los Estados miembros y la Comisión a actuar para promover un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual en los acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales.

En resumen, nuestros políticos (aquí no hago distinciones entre los partidos mayoritarios a la luz de lo que vienen votando en Europa y de lo que vienen aprobando en España) siguen enrocados de espaldas a la realidad, habiendo tomado como propia la cruzada de esa minoría que son los gestores de derechos de autor (que no de los autores como tales) y mantener a toda costa vigente su modelo obsoleto de negocio. Haciendo un símil histórico: es como si la Inquisición decidiera volcarse en defender a escribas y copistas frente a la aparición de la imprenta.

Lo que NO contestó Leire Pajín

Esta mañana, y enmarcado dentro del lanzamiento de su nueva web, el PSOE había organizado un chat entre Leire Pajín y aquellas personas que quisieran enviarle preguntas a través de email ó directamente mediante el chat (me niego a usar la palabra "internauta" ya a estas alturas).

La acividad se prolongó durante una hora y media, creo que superando bastante la duración inicial prevista. Con todo, creo que muchas preguntas enviadas se quedaron en el tintero, entre ellas la mía. A día de hoy, aún no dispongo de una respuesta sólida desde el PSOE sobre la Ley de Economía Sostenible (LES), por muchos vídeos, artículos y demás mercadotecnia que se ha lanzado en la última semana. Me encuentro con imprecisiones y vagedades, sin entrar nunca a analizar las cuestiones más polémicas de la LES. Es por esto que he decidido no quedarme cruzado de brazos.

Acabo de enviar a la Secretaria de Organización Federal del PSOE, Leire Pajín, exactamente el mismo escrito que intenté hacerle llegar esta mañana a través del chat. Y espero de todo corazón recibir una respuesta honesta sobre las preguntas planteadas. Este el texto de las cuestiones:

Buenas tardes. Como “número 3” del PSOE imagino que estará al tanto del contenido de la Ley de Economía Sostenible. Pese al esfuerzo mediático que está realizando el PSOE, me resulta chocante ver que en la práctica el ministerio a cargo del I+D+i resulta ser el segundo que más ve recortado sus fondos en un momento en que se dice estar cambiando el modelo productivo. De otra parte, y dentro de esa misma Ley, me gustaría saber qué opinión tiene sobre la disposición final primera, conocida ya popularmente como Ley Sinde, y si está de acuerdo en que se conculquen las libertades individuales en favor de un lobby privado como son las sociedades de gestión de derechos de autor al otorgarse a éstas y no a los jueces la potestad para investigar posibles menoscabos en el copyright. ¿No le parece incongruente, aparte, el otorgar de tantos medios a esa comisión cuando asuntos tan importantes como quiebras económicas de empresas pueden tardar hasta 18 meses y sin embargo, para el caso de la Comisión de Cultura, el juez tenga que pronunciarse en sólo 4 días?

No es que sea el primer "encontronazo" que he tenido con el PSOE. Tuve algunos intercambios con la OPE PSOE-Andalucía en mayo y octubre y, más recientemente, con la Secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías Federal, María González Veracruz, a través de un breve e insatisfactorio diálogo en Facebook:

A ésa intervención respondí con el siguiente texto:

 

Me quedé bastante ancho, la verdad. Y esperaba una respuesta trabajada. Pero poco:

¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir una respuesta en condiciones de parte de algunos de los máximos responsables políticos del partido que está impulsando esta ley? Sólo sé que hay que seguir insistiendo, sobre todo a la vista de lo que se nos viene encima desde yankilandia.

A partir de hoy, Red y Libertad

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:
1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
2 - Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
3 - Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
4 - Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de "lucro indirecto", es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque "promociono" a uno que "promociona" a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos
5 - Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
6 - De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
7 - Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.
La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.
La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno. Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la "Red SOStenible" una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.
En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte. En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:
1 - Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo B. "Estímulo de la creatividad y la innovación", de la Carta);
2 - La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo D "Acceso a las infraestructuras tecnológicas", de la Carta);
3 - El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo A "Derechos en un contexto digital", de la Carta);
4 - La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo C "Conocimiento común y dominio público", de la Carta);
5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo B. "Estímulo de la creatividad y la innovación", de la Carta).
Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.
Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).
La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.
Firmado Red SOStenible
http://Red-SOStenible.net
La Red Sostenible somos todo. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.

La lista de Sinde

"La Lista de Sinde" es una campaña en respuesta a la intención del Gobierno Español de crear una comisión censora en el Ministerio de Cultura con potestad para cerrar y bloquear webs sin las garantías de un juicio previo. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha entregado ya al Ministerio de Cultura una lista de 200 webs que según su criterio deberían ser censuradas inmediatamente...
"La Lista de Sinde" recoge un listado de las páginas web que se han ido "autoinculpando" de intercambiar cultura libremente mediante la integración de un buscador de descargas. Nuestro objetivo es responder con esta nueva lista de otras 200, 2.000 o 20.000 páginas web que el Gobierno debería también censurar por la misma razón: compartir cultura. Hasta ahora, los jueces siempre nos han dado la razón, pero si el Gobierno consigue poder cerrar y bloquear webs sin un juicio previo, tendrá que ir también a por todas las nuestras. ¡Ahora la Red actúa, únete!
El funcionamiento de esta campaña es muy sencillo:

1. Incluye en tu web uno de los buscadores de descargas que proponemos. Puedes verlos en la columna de la derecha, sólo tienes que cortar y pegar el código que parece haciendo click en el enlace "Pulsa aquí para ver código". Una vez incluído, cualquier persona podrá buscar descargas desde tu web.
2. Inscríbete en "La Lista" rellenando el formulario que hay en la columna de la izquierda.
3. La Lista se entregará al Ministerio de Cultura y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Ministerio de Industria).

¡Únete!

Terrorismo imperial

Ayer tarde comencé a trastear en mi modesta biblioteca sin saber demasiado bien lo que buscaba. Estuve un buen rato hojeando You are being lied to con la corazonada de que entre sus páginas, amén de toneladas de información muy ilustrativa, podría encontrar alguna referencia sobre Al-Shifa. Finalmente, la referencia la encontré en una pequeña publicación de Noam Chomsky que tenía por aquí medio olvidada llamada 9-11.

Al-Shifa era una fábrica de medicamentos situada en Sudán. Su construcción terminó en 1996 tras cuatro años de obras. El 20 de Agosto de 1998 quedó totalmente destruida y 12 de sus trabajadores perdieron la vida ese día. Al-Shifa había sido bombardeada con misiles crucero estadounidenses. Una larga polémica de acusaciones cruzadas entre varios gobiernos siguió al bombardeo de la planta. Años después, los restos de lasantiguas instalaciones continúan en ruinas:

El ataque fue lanzado desde un submarino nuclear americano en el Mar Rojo, utilizando varios misiles Tomahawk. El complejo farmacéutico constaba de 4 edificios, 3 de los cuales fueron totalmente destruidos y el cuarto con daños tan severos que no permitían su reparación. El motivo esgrimido por la administración Clinton para lanzar el ataque coincide en forma y fondo con lo que se convirtió unos años después en la cantinela permanente de la administración Bush: según informes de inteligencia, en Al-Shifa se estaban fabricando armas de destrucción masiva; en concreto armas químicas para la consecución del gas nervioso VX. Según otras fuentes, en Al-Shifa sólo se fabricaban los suministros médicos esenciales para el tratamiento de la malaria, diversos medicamentos veterinarios para combatir parásitos en animales domésticos, así como antibióticos básicos como la Amoxicilina  y el Paracetamol. Es más, incluso se aseguraba que las instalaciones, que se encontraban a menos de 20 minutos del cuartel general de la ONU en Khartoum, contaban con la aprobación directa de Naciones Unidas.

Las consecuencias reales de la destrucción de Al-Shifa son difíciles de estimar. Se trataba de la única planta en el África subsahariana capaz de fabricar en masa remedios contra la malaria. Proporcionaba el 90% del suministro de medicamentos tanto para la malaria como la tuberculosis en Sudán, y la mitad del resto de suministro farmacéutico para el pais. El paludismo o malaria, aún a día de hoy arroja cifras realmente terroríficas por lo que a la mortalidad asociada se refiere: según el CDC las estimaciones de la mortandad causada por la malaria en  podrían ilustrarse como:

    - Entre 350 y 500 millones de casos al año en todo el mundo. De éstos, en el África subsahariana más de un millón de personas no sobreviven, en su mayoría niños pequeños.
    - 990.000 muertos en 1995: 2.700 muertes por día; 2 muertes por minuto
    - En 2002, la malaria fue la causante del 10,7% de las muertes infantiles en paises en vías de desarrollo.
    - En Malawi durante el 2001, la malaria fue la causante del 28% de los muertos en hospitales sólamente, estimándose que la cifra total de muertos es mucho más elevada debido al       escaso acceso a hospitales en el pais.

Y yo me pregunto: ¿estamos hablando de decenas, de cientos de miles o incluso de millones de muertes como consecuencia de la desaparición de Al-Shifa?

Hay un dato más sobre este tema que me gustaría resaltar. El precio de esos tratamientos estaba estimado en aproximadamente 1 libra esterlina al mes. Se trataba de medicamentos genéricos. ¿Qué ocurriría si ahora se llegara a un acuerdo internacional que no permitiera la fabricación de estas medicinas esenciales para los paises en vías de desarrollo? ¿Estaríamos hablando de millones de muertos en todo el mundo a causa de la malaria, el cólera, la disentería, la tuberculosis y el VIH? ¿Estaríamos hablando de un incremento geométrico o exponencial de los casos, de las muertes, de los afectados, del sufrimiento humano a escala planetaria?

Aunque parezca difícil de creer un escenario así se está preparando a espaldas de la opinión pública. Los tratados ACTA, Anti Counterfeit Trade Agreement, estań siendo discutidos globalmente, con la participación de varios gobiernos, entre ellos el estadounidense, canadiense, coreano, neozelandés y la misma Unión Europea. Además de las más que preocupantes implicaciones en lo que se refiere al libre acceso de contenidos y la neutralidad de internet, ACTA contiene una sección dedicada en especial a la circulación de medicamentos genéricos a nivel global. Las pretensiones, a priori, de ACTA es acabar con la distribución de este tipo de medicamentos, dejando en manos de las grandes farmacéuticas la fabricación, control, distribución y venta de los mismos. Al precio marcado por las corporaciones farmacéuticas por supuesto. ¿Necesito ilustrarlo un poco más? Hablábamos de que en 1998 el tratamiento para la malaria en Sudán con la amoxicilina de Al-Shifa le costaba a una persona el equivalente a 1 libra esterlina al mes, lo que ya supone un sacrificio teniendo en cuenta la renta per cápita sudanesa. Bien, pues ahora comiencen a multiplicar, ya que 16 comprimidos de 500mg del antibiótico les pueden salir por unos 38 euros si los tienen que comprar "de marca" hoy en día.

Los contenidos de ACTA deben ser, primero, hechos públicos y, segundo, revisados y modificados de forma que no se condene a muerte a millones de personas en todo el mundo por no tener acceso a medicinas. De lo contrario, y sin miedo a exagerar, estamos hablando de un crimen contra la humanidad que dejaría la barbarie nazi, las purgas stalinistas y la larga marcha maoísta como patéticos e ínfimos experimentos sobre sufrimiento humano

Miopía Virtual

Esta semana ha estado muy movida. Nos desayunábamos el lunes con el anuncio por parte del gobierno de los primeros pasos de la Ley de Economía Sostenible. Tanto el gobierno como el PSOE habían usado esta ley como piedra de toque en su ofensiva mediática como el mecanismo principal para combatir los efectos perniciosos de la crisis además de como cimiento para el cambio de modelo productivo para España.

Desde la aprobación en 1998 de la Ley del Suelo promulgada por el primer gobierno Aznar, y acompañado del adecuado marco económico a nivel global, la economía española había vuelto a derivar hacia un modelo insostenible, basado en el monocultivo inmobiliario, el beneficio rápido, la especulación y, por consiguiente, la ausencia de solidez suficiente para convertirse en el sostén a largo plazo para la economía de cualquier pais.

Con el cambio de gobierno, el PSOE tomó una serie de medidas acertadas y valientes con el fin de subsanar esa situación pero que, de todos modos, fueron insuficientes. En un paìs tan descentralizado como España hay ocasiones en que por mucho que se actúe desde el nivel más alto de la administración es complicado que esos impulsos lleguen al resto de estratos de la administración o del tejido empresarial. De este modo, el resto de la legislatura transcurrió con una aparente e incómoda placidez asentada en los resultados económicos del ciclo previo, con muchos gobiernos autonómicos y la inmensa mayoría de ayuntamientos mirando a otro lado pese a los primeros indicios de agotamiento del ladrillo.

Llegamos a la segunda legislatura de poder socialista y esos indicios se convierten en sirenas de alarma. La crisis financiera global pronto se convierte en crisis a todos los niveles. La burbuja inmobiliaria española por fin termina por explotar arrastrando con ella a todo el pais. Desde el gobierno se ponen en marcha diversas iniciativas de alivio, con el fin de dar algo de oxígeno al sector de la construcción, mientras se intenta dar con una solución de mayor calado que permita sentar las bases para la transformación del modelo productivo en España.

Esa solución de mayor calado es la Ley de Economía Sostenible. Un texto extremadamente ambicioso condicionado por la urgencia de la situación. Una ley que a priori estaba llamada a convertirse en un hito histórico de llegar a buen puerto, cambiando la realidad española del pelotazo de cemento al de la innovación y la excelencia tecnológica. Sin haber leído el texto en su totalidad, se me antoja que bebe bastante del modelo finlandés de principios de los años '90 que permitió dar el salto al país escandinavo de ser una de las economías más deprimidas de Europa a principios de la década a convertirse precisamente en un referente tecnológico para el resto del continente.

Todo esto se encuentra ahora en peligro de desaparición. Al texto del anteproyecto de ley se le añaden una serie de puntos desde el Ministerio de Cultura. Algunos dicen incluso que sin que dicho texto hubiera sido revisado a conciencia en la sede socialista de Ferraz. Esa sección de la ley hace referencia a los derechos de autor y a la propiedad intelectual en internet.

Desconozco las motivaciones que puede haber detrás de la inclusión del texto de Cultura. Sólo cabe elucubrar entre varias hipótesis: claudicación frente a las presiones de los lobbies nacionales de derechos de autor (léase SGAE y Promusicae), cesión también frente a las presiones de otros gobiernos (no olvidemos que nos encontramos inmersos en medio des negociaciones globales de los acuerdos ACTA, también relativos a la propiedad intelectual en la red, entre otros asuntos), o emisión de un globo-sonda en un ejercicio de equilibrismo a los que tanto se han aficionado en Moncloa en esta segunda legislatura. En un vano intento de contentar a cualquier parte interesada en el asunto que sea, el gobierno socialista se ha especializado de un tiempo a esta parte en tomar medidas de medias tintas, frecuentemente precedidas de anuncios que han incendiado en mayor o menor medida la opinión pública.

Desde Moncloa y Ferraz deberían darse cuenta de que estas tácticas de globo-sonda no son efectivas ni eficaces si se convierten en la pauta y no en la excepción. Con más inri si continuamente el resultado de los anuncios nunca se traduce en una decisión firme en un sentido u otro, sino en un permanente (y fracasado) esfuerzo por nadar y guardar la ropa al mismo tiempo. Memoria histórica, estatutos autonómicos, Garoña, Educación para la Ciudadanía, interrupción del embarazo, canon digital, presupuestos de I+D... La lista es extensa y no viene más que a demostrar que la valentía parece haberse esfumado de entre las filas socialistas.

En el caso de Ley de Economía Sostenible el asunto es incluso más grave ya que la comunidad mal llamada internauta (entiendo que por encima de cualquier otra consideración somos ciudadanos) se encontraba ya soliviantada por episodios previos de atropello de las libertades individuales. El caso más grave y aberrante es el del canon digital, donde se suprime directamente uno de los principios democráticos básicos: la presunción de inocencia. Aunque ya hay alguna sentencia judicial en la que desautoriza la aplicación de este canon (el caso del abogado sevillano que consiguió que le devolvieran el importe del canon de sus DVD's) esta ley se mantiene en vigor. Ahora, casi de tapadillo, se pretende aplicar una nueva vuelta de tuerca a los derechos fundamentales: anular la separación de poderes y la libertad de expresión. Llevados a su último término, algunos de los puntos propuestos en el anteproyecto conllevaban la anulación de esos dos principios democráticos fundamentales. Algo extremadamente grave a mi entender.

El asunto le ha explotado en las manos al gobierno, con una movilización sin precedentes en contra de la ley. Intentado poner todo en perspectiva no puedo sino concluir que en el gobierno padecen una tremenda miopía virtual. Cualesquiera que sean las motivaciones que hayan llevado al gobierno a incluir esos párrafos en el texto, no son justificables desde un punto de vista democrático. Cualesquiera que haya sido la pretensión del texto tampoco es justificable desde un punto de vista de estrategia de partido o de comunicación. Cualesquiera que sean las intenciones de ahora en adelante con respecto al texto no es ya justificable, ya que el daño ya está hecho, con internautas en pie de guerra de un lado, los lobbies del copyright de otro, la embajada yanqui desde su propia poltrona y una opinión pública cada día más desencantada con un gobierno que aparenta estar permanentemente dando pasos en falso.

Y lo peor de todo es que es una auténtica lástima. Creía en el cuerpo básico y la filosofía de esa ley. Ahora veo que la ley aún no ha nacido y ya está herida de muerte por la ineptitud de unos, la avaricia de otros, la falta de valentía de aquéllos, y la miopía de los de más allá. Mientras tanto en Génova han sacado a los buitres de las jaulas para intentar darse otro festín carroñero.

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

A través de distintos medios, me ha llegado este manifiesto como respuesta al texto de la sección segunda de la Ley de Economía Sostenible publicada desde Moncloa. Ni que decir tiene que suscribo hasta la última coma.

Bromas aparte de lo que circulaba ayer sobre el egocentrísimo y un supuesto debate con la Sinde, me preguntaba yo dónde andarán ahora mismo todos esos salvapatrias y bocachanclas a los que le falta tiempo para presentar recursos de inconstitucionalidad para según qué ley. Sigo sin explicarme cómo se presentan recursos contra éso, aquéllo y lo otro y se mira para otro lado cuando desde el gobierno que sea se cargan derechos tan fundamentales como el de la presunción de inocencia. Y recordad: no es la primera vez que el internauta, usuario o consumidor es directamente sodomizado por los lobbies de la industria cultural (¿Canon? ¿Alguien dijo canon?).

Y un sólo apunte más antes del manifiesto: mi deseo de que la Sinde se pire es equivalente al de que @edans cierre el pico. No estoy nada de acuerdo con la ministra, pero lo del egocentrísimo es que me provoca arcadas directamente. Si me sintiera representado por alguien en este caso sería por tito Rinze.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet. 

Poldavia über alles

Bueno, que como ando tan tan tan cabreado con todo lo que viene ocurriendo en lo relativo a la neutralidad de la red, el Telecom Package, ACTA y la última trastada perpetrada por el gobierno de ZP con la Ley de Economía Sostenible (donde se introduce de tapadillo una serie de medidas que poco o nada tienen que ver con la sostenibilidad y sí con cargarse los derechos de los internautas) pues he pedido la entrada en el P.I.F.I.A. (Partido Internetero de Frikismo Internacional Abstruso) y estrenarme con una entrada sobre mi idolatrado Clive Barker como icono de frikismo radical.

LUCES Y SOMBRAS EN UNA MARCHA FÚNEBRE

El pasado 5 de noviembre el comité de conciliación del Parlamento Europeo emitió su dictamen sobre el Telecom Package. Tras más de dos años de debate en las distintas instituciones europeas parece que el marco regulatorio para las telecomunicaciones cuenta ya con una estructura definitiva, a falta de un par de trámites en los que no se esperan cambios. La entrada en vigor de esta normativa se prevé para comienzos de 2010.

La atención se ha centrado fundamentalmente en la enmienda 138, de la que ya he hecho mención anteriormente en otras entradas. El análisis sobre la decisión adoptada por el comité sin embargo varía mucho según a dónde se mire. Si bien la sensación parece ser de optimismo, el texto ha sufrido modificaciones negativas en lo relativo a la defensa de la neutralidad de la red debido a la ambigüedad del texto final. El optimismo se debe fundamentalmente a que a priori se esperaba una reacción más draconiana de parte de las instituciones europeas a este respecto. Personalmente lo considero una victoria pírrica a la vista de más datos que iré desgranando más adelante.

La famosa enmienda 138 ha sufrido constantes cambios. No en vano lidia con un tema tan delicado como la restricción del acceso a internet. Hemos de suponer que entre los actores de este asunto se encuentran los distintos grupos políticos de la eurocámara, con sus estructuras partidarias detrás y con la idiosincrasia propia de cada país a su vez; los distintos lobbies afectados por este asunto, con las ISP (Internet Service Providers: Proveedores de Servicios de Internet) de un lado y las entidades de gestión del copyright (SGAE, Promusicae y sus distintos equivalentes en el resto de países); y los mismos usuarios y consumidores que parece que de nuevo se han quedado sin una voz propia en el proceso. El resultado ha sido algo así como si la Unión se la hubiese cogido con papel de fumar: pone freno a aberraciones del tipo HADOPI francés, pero al mismo tiempo da pasos atrás cayendo en una farragosidad de tinte jurídico digna de un record Guinness: para que te corten internet tendrá que haber un dictamen jurídico de algún tipo. El comité de conciliación decidió ignorar la propuesta enviada desde La Quadrature du Net a la hora de reescribir el texto para su versión final. Si bien es cierto que potencialmente el texto de ser aprobado en su versión original podría haber sido tumbado por el tribunal de Estrasburgo por extralimitar los poderes propios del Parlamento, la versión final no es satisfactoria desde el punto de vista de tener todas las garantías legales ante un posible conflicto. La ambigüedad ha sido el gran pecado de los legisladores en esta ocasión.

Dejando de lado la enmienda 138, ha habido otro asunto que causa una preocupación similar a la de la conexión, y es el posible filtrado del tráfico de la red. En este asunto he de decir que Europa ha fallado a los ciudadanos de forma clamorosa y vergonzosa al plegarse a las demandas de AT&T. La misma neutralidad de la red se encuentra en entredicho. Dentro del texto del Telecom Package se pueden encontrar 3 artículos referidos directamente a esta materia y que han sido aprobados sin recibir ni atención mediática ni modificaciones de calado. Se trata de fragmentos de los artículos 20, 21 y 26. En el texto aprobado se abre la puerta al filtrado del tráfico de internet. Esto supone acabar con la neutralidad de la red, permitiendo modificaciones que beneficien a los intereses de la empresa proveedora del servicio por encima del derecho del usuario a conseguir una información determinada. Es decir, con un aviso previo, tu operadora puede decidir eliminar o modificar los contenidos o servicios que considere oportunos y jugar con el tráfico a su antojo. De nuevo vemos una capitulación ante los intereses económicos de las grandes empresas en detrimento del derecho de las personas a informarse como ellos consideren oportuno. Europa ha decido impulsar una ley de mínimos en lugar de blindar unos derechos y unos servicios que ya estaban ahí a disposición de todos.

Pese a todo lo expuesto con anterioridad, el verdadero quid de la cuestión se está debatiendo a puerta cerrada. Esta semana se ha llevado a cabo una nueva ronda de negociaciones del llamado ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement: Acuerdo de Comercio contra Falsificaciones) en Seúl. Por lo que se ve, se trata de una iniciativa global impulsada desde Estados Unidos, centrada en los derechos de autor. Una especie de Telecom Package Mundial pero referido a la propiedad intelectual fundamentalmente. En dichas negociaciones están participando representantes de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países (y el número parece aumentar con cada ronda de negociaciones). Lo más gracioso del asunto es que supuestamente se trata de negociaciones que de algún modo se consideran secretas. Con todo, algo de información se viene filtrando regularmente. ACTA supone una propuesta al estilo solución final puesta en marcha por los lobbies del copyright estadounidense. Como era de esperarse se centra en internet: refuerzo de los derechos de propiedad intelectual, filtrado de red, establecimiento de medidas penales, responsabilidad de terceros, y todo ello a nivel global. En resumen: ACTA está sentando las bases para un internet en manos de intereses únicamente económicos, pretende criminalizar al usuario, modelar internet en función de esos intereses y uniformar legalmente a todos los países para que el protocolo no tenga cabos sueltos. Transformar internet de un modelo “autopista de la información” (donde el tráfico es libre, el acceso a los contenidos es transversal y el flujo informativo es omnidireccional) al de la televisión (donde el tráfico está regulado y filtrado, hay una jerarquía en la comunicación y el flujo es vertical).Y todo de espaldas al público.

Es por todo esto por lo que se me antoja que toda esta atención mediática sobre la enmienda 138 y la falta de atención a los 20, 21 y 26 sea una pérdida de tiempo o simple papel mojado en una larga marcha fúnebre donde una vez más se tocará al son del dólar y no del de las personas.